por Laura Restrepo Alameda
Cada año, cuando llega la temporada de negociaciones climáticas, reaparece la misma pregunta incómoda: “¿para qué van?» «¿qué sentido tiene viajar a una COP si el mundo sigue ardiendo?” Y detrás de esa pregunta, a veces, hay un juicio silencioso: que quienes participamos allá estamos lejos del territorio, lejos de la coherencia, lejos del activismo “real”.
Pero lo que casi nunca se ve es la otra verdad: que entrar a una COP es también entrar a un territorio de disputa moral. Un lugar donde conviven, en tensión constante, quienes aún imaginan futuros de dignidad (y otros mundos posibles) y quienes defienden pasados que ya no sostienen la vida. No vamos por glamour, ni por protocolo. Vamos porque retirarnos sería entregar el tablero. Vamos porque la ausencia nunca ha sido una estrategia de justicia. Vamos porque, como dice la Carta de la Tierra en el preámbulo: “somos ciudadanxs de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global se encuentran estrechamente vinculados.”. Y este encuentro no se construye desde el silencio.
En la COP30, esa lucha volvió a hacerse visible. Mientras los gobiernos negociaban comas y verbos, la sociedad civil caminó los pasillos con una claridad que no necesita micrófonos: recordar que 1.5°C no es un número, sino el límite ético entre un planeta habitable y un planeta roto. Recordar que no hay transición justa si la justicia queda afuera del texto. Recordar que no vinimos a pedir permiso, sino a reclamar un derecho: el derecho a un futuro.
Es cierto: hubo bloqueos dolorosos, especialmente el rechazo —una vez más— a asumir el compromiso político de dejar atrás los combustibles fósiles. Hubo negociaciones estancadas que confirmaron que la geopolítica aún se impone sobre la ciencia, y que algunos países prefieren apostar por su poder presente antes que por la vida que vendrá. Pero también hubo destellos de futuro: la inclusión de la niñez en decisiones clave, el avance del mecanismo de transición justa y el fortalecimiento, desde América Latina, de una ética ambiciosa que sostiene la vida y que ya no puede ser borrada del multilateralismo.
El activismo dentro de las COP no es cómodo. No pretende serlo. Es un acto de presencia que incomoda, un ejercicio de coherencia imperfecta, un recordatorio permanente de que incluso en los escenarios más desgastados puede germinar un principio de transformación. La Carta de la Tierra nos enseña que la esperanza es un verbo que se conjuga con acción, y que el camino hacia la justicia requiere tanto de la protesta en las calles como de la resistencia en las salas de negociación.
Salir de la COP30 deja un sabor a victoria parcial y a urgencia total. Porque lo que conseguimos fue fruto de un año entero de lucha colectiva. Y lo que no se logró —sobre todo la falta de voluntad para visualizar que se puede en un futuro cercano abandonar los combustibles fósiles y las faltas de transparencia en el procedimiento— es un recordatorio de que la ética todavía no gobierna la política climática.
Lo que viene ahora es más grande que cualquier conferencia:
es reconstruir la confianza,
ensanchar la solidaridad,
tejer transiciones justas desde los territorios,
y seguir habitando todos los espacios donde se decide el destino de la vida.
Estar en la COP no nos hace menos activistas. Nos hace insistentes.
Nos hace tercos por la vida.
Nos hace parte de esa “alianza global” que la Carta de la Tierra soñó hace 25 años
y que hoy, frente a la emergencia planetaria, necesitamos con más fuerza que nunca.
Porque si algo aprendimos en Belém es que la ética también se defiende caminando,
y que cada paso —dentro o fuera de la COP— puede ser una forma de cuidar el mundo.
Laura Restrepo Alameda es educadora y joven lideresa de la Carta de la Tierra Internacional. Actualmente se desempeña como Oficial de Incidencia en Climate Action Network Latin America (CANLA), desde donde impulsa procesos birregionales sobre transición justa, justicia climática y cooperación entre Europa y América Latina, acompañando espacios multilaterales. Es cofundadora y cofacilitadora nacional de la Plataforma Colombiana de Niñez y Juventud, organización que asesora la LCOY Colombia y promueve la participación de niñas, adolescentes y jóvenes en la acción climática. También integra el frente regional de World’s Youth for Climate Justice, desde donde impulsa el reconocimiento del cambio climático como un asunto de derechos humanos.